En un conversatorio sobre datos de beneficiarios finales en las compras públicas de América Latina, el vicetitular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfín), Carlos Melgar, destacó la consolidación de este tipo de registro para las empresas que proveen al Estado. Esta medida busca fortalecer la fiscalización, detectar conflictos de interés y asegurar que los recursos públicos se ejecuten con total claridad.
Melgar explicó que la iniciativa surgió tras los compromisos asumidos por el país en prácticas cristalinas en materia fiscal y lucha contra la corrupción. La ruta cobró impulso con la emisión de un acuerdo gubernativo en diciembre de 2024, el cual estableció, de forma obligatoria, que todo proveedor interesado en hacer negocios con las instituciones públicas debe identificar de manera clara a sus propietarios y personeros reales.
Según el funcionario, el proceso superó desafíos legales luego de que la Corte de Constitucionalidad avaló la facultad de solicitar esta información, desestimando los recursos presentados por sectores mercantiles. Al vencer el plazo, a finales de septiembre, el 64 % de las empresas cumplió con la entrega de la certificación requerida.
