El robo de información en la Dirección General de Control de Armas y Municiones, y el ataque con ransomware que paralizó temporalmente los sistemas de la Corte de Constitucionalidad, dejaron en Guatemala una advertencia: una agresión digital puede comprometer información sensible, detener servicios y afectar el funcionamiento de instituciones estratégicas.
El riesgo, por supuesto, no se limita al territorio nacional.
Frente a este escenario, el Congreso aprobó la Ley Marco de Ciberseguridad, que establece por primera vez una estructura especializada para prevenir, atender, investigar y sancionar ocho nuevos delitos en el entorno digital y enlaza dos más que ya existen en nuestra legislación.
Según la diputada oficialista Victoria Palala, esto es un cambio sustancial en la capacidad del Estado para responder a amenazas que ya afectan la vida cotidiana de los guatemaltecos. “Nos permite darle herramientas al sistema de justicia para indagar y sancionar los delitos ocurridos en el ciberespacio”, afirmó.
Destacó que la normativa permitirá crear una institucionalidad específica para proteger a la población y atender los ataques digitales, en un contexto donde las actividades personales, educativas, financieras y laborales dependen cada vez más de las plataformas tecnológicas.
