Un total de 8 mil 283 denuncias por vulneración del derecho a la familia fueron atendidas por la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia (PNA), de la Procuraduría General de la Nación (PGN), entre el 1 de enero y el 31 de agosto, lo cual evidencia situaciones que pueden afectar el cuidado, protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
De esa cifra, 2 mil 047 corresponden a adolescentes entre 14 y 17 años, grupo que concentra la mayor cantidad. Asimismo, los datos reflejan una mayor incidencia en el género femenino.
Los departamentos que registran el mayor número de denuncias son Guatemala, Chiquimula, Petén, Jalapa y Santa Rosa, señaló la PGN.
Entre las causas identificadas que llevan a la vulneración de este derecho se encuentran la inestabilidad familiar, situaciones de abandono, el descuido y negligencia, así como circunstancias que pueden afectar las condiciones de cuidado, protección y acompañamiento que requieren las niñas, niños y adolescentes.
Ante estas situaciones, los equipos multidisciplinarios de la PNA llevan a cabo las diligencias correspondientes para cesar la amenaza o vulneración de este derecho y, cuando es necesario, solicitan ante la autoridad judicial las medidas de protección que correspondan.
En cada caso, se prioriza que las niñas, niños y adolescentes permanezcan o sean reintegrados a un entorno familiar adecuado, siempre que este cuente con las condiciones necesarias para garantizar su protección y desarrollo integral.
Coordinan apoyo
Como parte de este abordaje, la PNA también desarrolla acciones de orientación y sensibilización dirigidas a madres, padres y otros responsables del cuidado, con el propósito de promover el cumplimiento de sus responsabilidades.
Asimismo, cuando las familias necesitan apoyo adicional, se hacen las coordinaciones correspondientes con instituciones y programas de servicios sociales que puedan contribuir al fortalecimiento de sus capacidades de cuidado y protección.
Durante 2025, la PNA atendió a más de 66 mil niñas, niños y adolescentes y, de ellos, cerca del 95 % fue reintegrado con recursos familiares idóneos.
El 5 % restante continúa en abordaje, principalmente mediante acciones dirigidas a la localización de parientes que quieran y puedan asumir su cuidado, priorizando siempre la restitución del derecho a vivir en familia, se indicó.
