La primera dama de la nación, Lucrecia Peinado, informó que esta semana se entregará una versión de la nueva Política Nacional de Personas con Discapacidad para su primera revisión y posible aprobación en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El documento fue elaborado con participación inclusiva y procesos de consulta en todo el país durante más de un año.
Destacó la agilidad en su creación frente a la expectativa de la sociedad civil de que una política de este tipo solía demorarse entre cinco y siete años, puesto que se priorizó avanzar dentro del actual gobierno para responder al mandato presidencial.
Para la formulación del texto se abrieron espacios de diálogo nacional y territorial en las regiones norte, sur y occidente e integró a 20 instituciones gubernamentales, la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso, academia y 42 organizaciones de sociedad civil de 17 departamentos.
La esposa del gobernante resaltó que es la primera vez que en las consultas para redactar una política nacional de este ámbito se incluyen de forma explícita aspectos como trastorno del espectro autista y las neurodivergencias, a fin de “atender una deuda social acumulada”.
Subrayó que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia agregó lineamientos obligatorios de discapacidad para la planificación 2027-2031 en todas las unidades del país.
Aunque ya se añadieron actividades en el plan para el próximo año, las propuestas aún son bajas y se concentran en infraestructura, refirió.
Peinado asistió a la difusión de los resultados de la Encuesta Nacional de Propósito Múltiple (Enaprom), en la que reporta que 13 de cada 100 hogares tienen entre sus integrantes, al menos, a una persona con discapacidad.
El 29.2 % de ciudadanos con esta condición forma parte de la población económicamente activa. Mientras, el 17.4 % de los empleadores está muy dispuesto a contratar a este tipo de empleados, un 39.5 % está poco dispuesto y un 43.1 % no lo está.
La primera dama señaló la importancia de este estudio, puesto que desde 2018 se utilizaban cifras no verificadas sobre la cantidad de personas con discapacidad, lo que generaba incertidumbre.
